Las severas penas por atentar contra la naturaleza entraron ayer en vigencia. Las disposiciones son parte de la modificación del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, anunciada hace unos meses por el Ejecutivo.
Los traficantes de especies en peligro de extinción, los taladores ilegales de árboles y las empresas que contaminan ríos y mares no podrán evadir más a la justicia. Ayer, 1 de enero de 2009, entró en vigencia el nuevo récord de sanciones para los delitos que atenten contra el medio ambiente, el cual incluye penas efectivas de hasta 10 años de cárcel. Las disposiciones son parte de la modificación del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, anunciada hace unos meses por el Ejecutivo.
Mediante el endurecimiento de las penas se pretende terminar con la depredación de las especies protegidas y con la destrucción de bosques y de reservas intangibles.
MANO DURA. Antes de la modificación, los atentados contra el medio ambiente eran sancionados con un máximo de dos años de prisión condicional. Ahora, con la nueva ley, estas mismas faltas son castigadas con penas de tres a seis años.
En tanto, las sentencias más severas (de 6 a 10 años) se aplicarán si el ataque a la naturaleza se da de forma agravada. Es decir, si se utilizan armas, si un funcionario público participa del delito valiéndose de su cargo o si se atenta contra el ecosistema. Entre los atentados con mayores penas figuran la caza furtiva, la tala ilegal y el arrojo de residuos sólidos.
Al respecto, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, indicó que las sanciones también se aplicarán a las autoridades que no hagan cumplir la ley o que entreguen licencias para proyectos que afecten el medio natural.
FISCALÍAS. Esta nueva estructura legal para castigar los atentados al ecosistema irá de la mano con la creación de las fiscalías ambientales. Su función será conocer las denuncias, estudiarlas a fondo y hacerles el seguimiento respectivo hasta resolver la acusación.
La instancia también se encargará de aplicar correctamente la figura legal para sancionar a los implicados en delitos ambientales teniendo en cuenta las disposiciones recién incorporadas al Código Penal.
El personal de las fiscalías ambientales ha recibido capacitación durante todo el año 2008.
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