Llegó la úrea barata

Por Humberto Campodónico

En las últimas semanas, en el Perú está a la orden del día el problema de los precios de los alimentos y de diferentes insumos. Se constata que, desde el estallido de la burbuja especulativa de los precios de los productos básicos (petróleo y alimentos) a mediados del año pasado, estos precios han bajado en el mercado internacional. Pero en los mercados los precios siguen altos, lo que provoca la queja de los consumidores.

Ese es también el caso de la úrea, principal fertilizante utilizado en el mercado peruano con el 63% del total en el 2008, según el Ministerio de Agricultura (siguen el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, con el 18.7 y 16.1%). Desde agosto del 2007, la úrea comenzó una acelerada alza, llevando el precio de US$ 250/ton a US$810 en setiembre del 2008. Como el Perú tiene que importar el 99% de los fertilizantes que consume, esta alza afectó fuertemente a los agricultores, pues los fertilizantes representan, en promedio, el 30% de sus costos totales.

El problema se agravó porque solo tres empresas concentraron más del 94% de las importaciones de úrea en el 2007: Molinos SA, 40.1%, Corporación Misti, 35.5% e Inkafert SAC, 18.5% (Ministerio de Agricultura (www.minag.gob.pe, 22/05/08). Esto hacía que los precios de la úrea fueron superiores a los del mercado internacional, llegando a costar más de S/. 2,900 por tonelada (US$ 986/T). ¿Y el Indecopi? Bien, gracias.

Expresada en bolsa de 50 kg, el costo era de S/. 145 por bolsa. Es por eso que, desde principios del 2007, diversos gremios agrarios plantearon la importación directa de úrea para abaratar el precio.

Pero aquí tuvieron que lidiar con poderosos intereses. Así, el primer acto del ex ministro Ismael Benavides al asumir la cartera de Agricultura en agosto del 2007 fue cuestionar la autorización para otorgar una garantía de S/. 5 millones para la importación directa de úrea, coordinada entre Agrobanco y la Junta de Usuarios de Riego.

Sin embargo, en diciembre del 2008, por fin se produjo la importación directa de 12,500 toneladas. La Asociación de Productores de Arroz de Majes, con el apoyo institucional de Conveagro y el apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y el Agrobanco, que dieron el aval para un crédito de US$ 4.4 millones del BBVA Banco Continental.

Ahora, el saco de 50 kg de úrea se vende a 65 soles. Dice la revista Agronoticias: “los beneficiarios directos de este logro gremial serán aproximadamente 5,000 agricultores que tienen la úrea disponible –sin intermediarios– en los puertos de Matarani, Pisco, Callao, Salaverry y Paita” (Edición # 339, diciembre 2008).

Como la importación anual de úrea supera las 340,000 toneladas, la importación directa de 12,500 toneladas representa solo el 3.7%. Lo que quiere decir que es un importante paso adelante, pero aún pequeño. Seguramente otros gremios de agricultores imitarán a los arequipeños con el objetivo de abaratar el costo de este insumo clave.

La importación directa de los agricultores de Majes demuestra que es posible combatir la inflación oligopólica, que también está presente en muchos otros mercados, como el aceite y el trigo. Los instrumentos seguramente serán distintos, pero la ruta está trazada. Sí se puede.

Pese a que Congreso aprueba Ley de Agua, huelga agraria continúa en todo el país

Pese a que Congreso aprueba Ley de Agua, huelga agraria continúa en todo el país

Advierten que desde hoy empezaría desabastecimiento en centros de abasto del país. Primer día de protesta transcurrió con marchas pacíficas, pero en el norte se registraron algunos fuertes incidentes.

Redacción Lima y corresponsales.

Pese a que el Congreso –en el último pleno de la presente legislatura–aprobó la Ley General del Agua, aún falta que esta sea ratificada en segunda votación, por eso los agricultores que iniciaron el paro agrario nacional indefinido continúan en pie de lucha y exigen que la ley se exonere de este procedimiento para levantar el paro e iniciar el diálogo con el Ejecutivo. El Parlamento podría resolver la situación del paro en las próximas horas.

Así concluyó el primer día de la huelga agraria, que si bien no registró mayores actos de violencia, como en años anteriores, la protesta denominada de “brazos caídos” incluyó marchas en Tumbes, Piura, Chiclayo, Cusco, Áncash, entre otras regiones, y finalmente sí se bloquearon carreteras en muchas zonas.

Bloqueos en el país

El paro de los agricultores empezó muy temprano en Tumbes, donde unos 150 campesinos de la zona de Zarumilla tomaron por dos horas de manera pacífica el Puente Internacional, donde recibieron el apoyo de los alcaldes de Zarumilla, Papayal, Matapalo y Aguas Verdes.

Se conoció que durante el tiempo que duró el bloqueo se interrumpió el tránsito peatonal, vehicular y comercial entre Perú y Ecuador.

A pesar de la expectativa, en la ciudad de Tumbes solo salió a protestar un pequeño grupo, que luego de recorrer la ciudad se trasladó hacia la zona de Aguas Verdes para unirse a los agricultores y autoridades que habían tomado el Puente Internacional.
En Sullana, el paro fue acatado en su totalidad. Por la mañana se informó que en la referida provincia piurana, un agricultor y cinco policías resultaron heridos luego de un enfrentamiento en el distrito de Ignacio Escudero.

Aunque después de unas horas la policía logró desbloquear parcialmente la zona, miles de agricultores volvieron al lugar, y hasta el cierre de esta edición permanecían ahí.

En la misma región, desde las 6 de la mañana miles de agricultores marcharon hacia la carretera Panamericana en el cruce de Piura y Chiclayo, donde se efectuó un mitin ante la atenta vigilancia de efectivos policiales quienes resguardaron el orden y la libre circulación.

Además, se supo que en el valle de Jequetepeque 700 agricultores bloquearon por media hora el puente Olivares, en la Panamericana Norte. Eso no evitó el normal tránsito de vehículos en esta zona de la provincia de Pacasmayo ni generó enfrentamientos con la policía. Mientras tanto, en Chiclayo solo salieron a las calles aproximadamente 600 agricultores.

De otro lado, en el Cusco, por la mañana cientos de turistas quedaron varados a la altura del kilómetro 82 de la vía que lleva hacia Machu Picchu debido a un bloqueo. Algo parecido sucedió en las vías hacia Urcos y Ollantaytambo.

Asimismo, en la provincia limeña de Barranca, unos 400 manifestantes respaldados por el alcalde provincial Romel Ullilen tomaron por unos minutos el Puente Pativilca y Supe Pueblo.

Por la mañana, en Ica, un centenar de campesinos algodoneros se apoderaron de los kilómetros 329 y 330 de la Panamericana Sur, pero sin registrarse disturbios.

Posible escasez

En Áncash, en el valle del Santa, el paro agrario fue acatado de manera parcial y pacífica, aunque los agricultores advirtieron que los efectos de la protesta empezarán a sentirse desde hoy, cuando los mercados queden desabastecidos.

Y es que a pesar de los anuncios del Ministerio de Agricultura –que asegura un normal abastecimiento en el país–, los campesinos del valle de Moche, en Trujillo, han anunciado que dejarán de cultivar.

Por eso desde ayer unas 80 toneladas de productos agrícolas que se cultivan en este valle no están siendo enviados a los principales mercados de la ciudad.

Málaga: “Es una jugada política del Apra”

Con 76 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó la Ley General del Agua en primera votación y rechazó un pedido para que el proyecto sea exonerado de segunda votación.

Según el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú (JNRP), Enrique Málaga, esto es una “jugada política del Apra”, pues si no se admite la exoneración, la aprobación de la ley esperaría la próxima legislatura, en marzo.

Ante ello, la JNURP, Conveagro y la Confederación Nacional Agraria (CNA) exigen al presidente del Congreso, Javier Velásquez, que convoque a la Comisión Permanente a una sesión de emergencia para exonerar de segunda votación a la Ley del Agua.

Buscando ejercer presión en el Parlamento, acordaron continuar con el paro nacional. “A partir de mañana se empezará a notar el desabastecimiento en algunos mercados del país”, dijo Antolín Huáscar, presidente de la CNA.

El primer vicepresidente del Congreso, el fujimorista Alejandro Aguinaga, descartó que se atienda el pedido de los dirigentes. “Definitivamente habrá segunda votación”, enfatizó.

Málaga dijo que los agricultores no cosecharán mientras no se resuelva la demanda. “No entendemos cómo el Apra vota a favor de esta ley, pero cuando se vota por la exoneración de segunda votación, ellos mismos esgrimen argumentos que impiden que el problema se cristalice”, dijo.

‘‘Corrupción en la PNP es generalizada’’

Susana Villarán. Ex Defensora de la Policía y miembro de comisión de reestructuración creada el 2001 dice que el comando de esa institución conoce y se beneficia con irregularidades.

Ana Núñez.

Usted conoce a la Policía Nacional por dentro y ahora salen a la luz actos de corrupción que –se afirma– son prácticas antiguas, como el robo de combustible...

El 2002, los miembros de la comisión convocada por el ministro Fernando Rospigliosi entregamos al presidente Alejandro Toledo un informe que tenía un diagnóstico de la situación en la Policía y una propuesta de reforma. Ahí se detectaron dos formas de corrupción: la política, que se da por ejemplo en los cambios de colocación o el destaque (se paga para ir a zonas de contrabando o de narcotráfico), y la de carácter administrativo, que es lo que está saltando ahora con la gasolina, pero que también se extiende a las adquisiciones y licitaciones y a los manejos de los fondos destinados al bienestar del personal policial.

Todos estos robos se perpetran hace muchos años y no se ha hecho nada...

Lo de la gasolina no es novedad, es una práctica vieja y frecuente. Es uno de los más serios temas de corrupción generalizada en la Policía y en la que hacen participar a todos los miembros de la institución, desde el alférez que recién se inicia y al que le dicen “aquí te mojas. O estás con el sistema o estás contra nosotros”. Es una práctica generalizada para beneficio de los grandes mandos institucionales. Con una Unidad de Asuntos Internos –creada precisamente a partir de la constatación del nivel de corrupción en la Policía–, Rospigliosi y Gino Costa investigaron lo de la gasolina, pero el presidente Toledo prefirió quedarse con el general Tisoc y despidió a Costa, y hasta ahora no se ha hecho nada. Todas las recomendaciones de la comisión de reestructuración fueron dejadas de lado.

Es decir, esta situación ha seguido ocurriendo con el conocimiento del comando de la Policía, de los ministros del Interior...

El comando institucional sabe que esto funciona así y muchas veces se beneficia con ello. Esto es una cadena hacia arriba, donde todos terminan beneficiándose, sobre todo los de arriba. Después dicen que no hay recursos. Y hay recursos, el problema es que se los roban...

Si esa Unidad de Asuntos Internos no funcionó más, si se dejaron de lado las recomendaciones del informe, ¿quiere decir que nada se hizo en la tan mentada reestructuración de la Policía?

Han pasado 6 años desde la elaboración de este informe y yo les diría al presidente García, al ministro Hernani, al premier Simon que lo lean, que revisen también las investigaciones que se hicieron en la Unidad de Asuntos Internos, que dependía directamente del ministro...

¿Investigaciones que tocaban a los altos mandos de la Policía?

Claro que sí. Lamentablemente, acá la pita siempre se rompe por el lado más débil y quienes caen son las personas que van al autoservicio, los que llenan los tanques, los que hacen la operación. Pero la plata no se queda con ellos, la plata va para arriba. Ellos se quedan con una pequeñísima parte. Los altos mandos son quienes realmente se benefician de la corrupción administrativa, con las concesiones, con las licitaciones y el manejo de los fondos. Ahora, no es que todos sean así, hay oficiales muy honestos, pero esto es todo un sistema que funciona en la Policía.

Y ¿cuáles eran las recomendaciones de la comisión de reestructuración al respecto?

Para romper ese sistema se elaboró un plan anticorrupción, que precisamente creaba la Unidad de Asuntos Internos, una institución que dependía del ministro, el que no debería ser policía, como lo es ahora. Se planteaba fortalecer las inspectorías, sacándolas del mando de la Policía Nacional, porque cómo va a investigar una inspectoría si el jefe de la región está por encima de él y es el que roba.

Entonces, lo de la gasolina es solo un pequeño punto en toda la mancha de corrupción que hay en la Policía...

Lo del combustible es solo un puntito. Como defensora de la Policía, yo he visto demasiado maltrato a muchos suboficiales y oficiales jóvenes por temas de corrupción: para que no denuncien, para que se sigan sometiendo a un sistema corrupto que beneficia a los que están arriba. Si hubiera liderazgos honestos, estos serían rápidamente sacados. Pero no es solo el robo de gasolina, hay corrupción en el manejo del Fondo de Vivienda, de la Caja Militar Policial, del Fospolis, donde hay tráfico con los medicamentos, por lo cual los hospitales de la Policía están desabastecidos.

‘‘Hernani no es un buen ministro del Interior’’

¿La Policía sigue teniendo las mismas mañas de la época de Fujimori y Montesinos?

El sistema es el mismo, aunque el nivel de saqueo durante la época de Fujimori siempre estuvo manejado por miembros del Ejército vinculados a Montesinos y era mayor. Esto ha continuado, hubo una época de cambio, pero fue dejada de lado muy rápidamente por mantener el sistema. La gente ve la corrupción de la calle, de la coima por papeletas, pero el dinero grande está en esta corrupción política y administrativa

¿Hubiera sido mejor mantener a un civil como ministro del Interior?

A un civil de probado conocimiento del tema y de intachable trayectoria. Yo no tengo ninguna información que vincule a Hernani en algo doloso, pero me parece que tiene una performance muy triste como ministro del Interior. Le preocupaba más que la gente de la APEC estuviera contenta a que se murieran nuestros policías en el VRAE. Me parece que no es un buen ministro del Interior.

Hasta 10 años de cárcel por destruir el medio ambiente

Las severas penas por atentar contra la naturaleza entraron ayer en vigencia. Las disposiciones son parte de la modificación del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, anunciada hace unos meses por el Ejecutivo.

Los traficantes de especies en peligro de extinción, los taladores ilegales de árboles y las empresas que contaminan ríos y mares no podrán evadir más a la justicia. Ayer, 1 de enero de 2009, entró en vigencia el nuevo récord de sanciones para los delitos que atenten contra el medio ambiente, el cual incluye penas efectivas de hasta 10 años de cárcel. Las disposiciones son parte de la modificación del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, anunciada hace unos meses por el Ejecutivo.

Mediante el endurecimiento de las penas se pretende terminar con la depredación de las especies protegidas y con la destrucción de bosques y de reservas intangibles.

MANO DURA. Antes de la modificación, los atentados contra el medio ambiente eran sancionados con un máximo de dos años de prisión condicional. Ahora, con la nueva ley, estas mismas faltas son castigadas con penas de tres a seis años.

En tanto, las sentencias más severas (de 6 a 10 años) se aplicarán si el ataque a la naturaleza se da de forma agravada. Es decir, si se utilizan armas, si un funcionario público participa del delito valiéndose de su cargo o si se atenta contra el ecosistema. Entre los atentados con mayores penas figuran la caza furtiva, la tala ilegal y el arrojo de residuos sólidos.
Al respecto, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, indicó que las sanciones también se aplicarán a las autoridades que no hagan cumplir la ley o que entreguen licencias para proyectos que afecten el medio natural.

FISCALÍAS. Esta nueva estructura legal para castigar los atentados al ecosistema irá de la mano con la creación de las fiscalías ambientales. Su función será conocer las denuncias, estudiarlas a fondo y hacerles el seguimiento respectivo hasta resolver la acusación.

La instancia también se encargará de aplicar correctamente la figura legal para sancionar a los implicados en delitos ambientales teniendo en cuenta las disposiciones recién incorporadas al Código Penal.

El personal de las fiscalías ambientales ha recibido capacitación durante todo el año 2008.