Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL)
La suerte de la REFORMA DE LA JUSTICIA se decide en las AULAS UNIVERSITARIAS. No habrá CAMBIO si no cambiamos la EDUCACIÓN LEGAL en el país, porque gran parte de la crisis por la que atraviesa este servicio público básico se debe a la MASIFICACIÓN DE LA ABOGACÍA y a la PAUPERIZACIÓN DE SU ENSEÑANZA.
Creer, como piensan algunos MERCANTILISTAS DE LA EDUCACIÓN, que FORMAR UN ABOGADO ES BARATO, que solo se necesita unas cuantas AULAS, PIZARRAS y un PROFESOR IMPROVISADO, ha generado un DAÑO tremendo al SISTEMA DE JUSTICIA en el país.
En los últimos años se han reducido al máximo las EXIGENCIAS para GRADUARSE DE ABOGADO. En la actualidad el BACHILLERATO es AUTOMÁTICO, lo que significa que no se requiere TESIS o examen para obtenerlo. En cuanto al TÍTULO DE ABOGADO, en la práctica también se puede obtener AUTOMÁTICAMENTE, basta seguir un CURSO DE ACTUALIZACIÓN en cualquiera de estas FACULTADES 'SEMIINFORMALES' y al finalizar, sin mayor trámite, eso sí previo PAGO, el egresado se convierte en ABOGADO.
Para coronar esta irresponsable situación hay que agregar que EN EL PERÚ SE PUEDE SER ABOGADO SIN PISAR LA UNIVERSIDAD, pues varias han iniciado el NEGOCIO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
En el Perú no existe ninguna NORMATIVA que REGULE y CONTROLE este TIPO de ENSEÑANZA, lo que ha hecho que en la mayoría de centros en los que se imparte sea de la más baja calidad; en realidad, más que ESTUDIO A DISTANCIA, utilizando medios tecnológicos. Lo que tenemos es una SIMPLE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA.
Todo esto ha generado una situación paradójica: formalmente será ABOGADO y con los mismos derechos aquel que acudió a las AULAS UNIVERSITARIAS y se esmeró para aprender y culminar la carrera, como aquel que recibió un PAQUETE DE SEPARATAS DESACTUALIZADAS, ocasionales clases y fue objeto de una evaluación sin mayor rigor.
Todo esto se ha generado por una mal entendida LIBERTAD DE MERCADO y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Las autoridades del sistema universitario (comenzando por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECTORES) le han ocasionado un enorme DAÑO al SISTEMA EDUCATIVO, pero sobre todo al SISTEMA de ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Ambos, la EDUCACIÓN y la JUSTICIA, son servicios públicos y la sociedad tiene todo el derecho de supervisarlos y exigir que se desarrollen en los más ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA.
La LIBERTAD no puede ser confundida con LIBERTINAJE o ESTAFA EDUCATIVA. Por eso ha llegado el momento de ORDENAR la EDUCACIÓN LEGAL, creando un verdadero SISTEMA DE ACREDITACIÓN de las FACULTADES DE DERECHO, regulando la ENSEÑANZA A DISTANCIA e implementando mayores niveles de exigencia para la obtención del título. Si no lo hacemos, TODA REFORMA DE JUSTICIA SERÁ INÚTIL.
Lima 10 de Noviembre del 2008
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