Agro y neocolonialismo

Por Javier Diez Canseco

Apoyados por sus gobiernos, grandes capitales extranjeros –ya no europeos o de EEUU sino de países que apuntan a ser nuevas potencias neocoloniales– buscan el control de vastas tierras fértiles de países pobres en África, Asia y AL, contando con la complicidad de gobiernos neoliberales y corruptos. ¿Un intento de restablecer formas de dominación colonial y constituir nuevas “repúblicas bananeras” en pleno siglo XXI, retrocediendo de las luchas de liberación nacional y la independencia de los viejos imperios coloniales conquistada hasta mediados del siglo XX? Así lo advierte desde el diario Financial Times (FT) el analista norteamericano James Petras.

Si bien capitales de EEUU y Europa (Petras resalta Goldman Sachs y Blackstone de EEUU, Louis Dreyfuss de Países Bajos y Deutschbank de Alemania) están en la puja por controlar tierras y bosques, nuevos protagonistas entraron en escena.

La corporación coreana Daewoo Logistics ha firmado un acuerdo (“rapaz” dice el FT) con Madagascar para controlar 1.3 millones de hectáreas (50% de la tierra cultivable de ese país), mientras que “Camboya negocia con países asiáticos y de medio oriente inversiones por US$ 3,000 millones de dólares a cambio de la concesión de millones de hectáreas agrícolas”. Han entrado en esa lógica ricos regímenes petroleros árabes, especialmente Arabia Saudita y Kuwait, dados los excedentes de los últimos años de altos precios, y nuevas potencias emergentes como China, Corea del Sur, Japón, la India e Israel.

Los árabes se concentran en el Asia del Sur y Sudeste; la China y los tigres asiáticos en África y AL; y los EEUU y la UE en Europa oriental, Rusia, en AL y el África.

Hay 100,000 ha de tierra de empresas japonesas en Brasil para producir soya y maíz. China, en gran expansión mundial, compra tierras y fuentes de recursos naturales (minerales, petróleo, etc.) para proveerse de alimentos y materia prima. De Brasil se provee soya, y el arroz lo obtiene de Filipinas (1.4 millones de hectáreas), Uganda, Mozambique, Camerún, Burma y Laos –hasta Cuba– con decenas de miles de hectáreas. (En varios casos de la minería peruana –Majaz y Toromocho– se dan agudos conflictos con las comunidades, o con los trabajadores en Shougan-Marcona o la petrolera en Talara.) Los países árabes del Golfo invertirán cerca de US$ 1,000 millones en compras en África.

A veces, el control se logra por ocupación militar (caso de Israel y Palestina). Otras, se negocian millones de hectáreas agrícolas en corruptos procesos de concesiones (como el “faenón” de León Alegría y sus amigos del gobierno), casi sin pago al país (aunque los gobernantes llenen sus cuentas bancarias) con simples promesas de inversión en infraestructura que sirve centralmente a la exportación de las corporaciones extranjeras. Se alienta la ilusión de los TLC y la exportación de los alimentos y productos agrarios, abandonando la lógica de la seguridad alimentaria nacional y las necesidades de la gente pobre hambrienta, mientras promueven dañinos monocultivos o uso indiscriminado de transgénicos, con un alto costo económico y social. El BM financia este proceso: US$ 1,400 millones para promover mercados “libres” de tierras y compras por agroindustrias.

Se excomulga toda discusión sobre la necesidad de una Reforma Agraria que garantice tierra a los millones sin tierra, que provea tecnología, créditos y uso adecuado de aguas, educación y salud rural, infraestructura (transporte, energía, almacenes), mercados y precios justos. Se santifica el “libre mercado de tierras”, la “privatización del agua” y su manejo prioritario para grandes agroindustrias o minería. Se expulsa miles de pequeños propietarios. Se atropella o arrasa comunidades campesinas o nativas (como lo intentó García con los DL que la lucha de las comunidades nativas derogó). Se criminaliza a campesinos sin tierra que luchan por hacerse del instrumento fundamental para su supervivencia, imponiéndoles trabajar por salarios miserables de US$1 a US$ 3 dólares diarios en condiciones laborales semiesclavistas, sin sindicatos o negociación colectiva (como ocurre en Ica y otras zonas del Perú). Ello abre un gran proceso de reconcentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, como Fernando Eguren ha investigado, permitiendo que grupos como el Rodríguez Banda controle el Valle de Chicama con más tierra que la nunca concentró un solo grupo, y que la inversión chilena en tierras sea cada vez mayor. Con ello viene la concentración del crédito y de la ganancia, aumentando la polarización y la injusticia social.

La crisis mundial puede aguantar este proceso: sequía de créditos; parálisis de inversiones; crisis en las bolsas; caídas en los precios y ganancias. El Perú y AL deberían enfrentar este tema buscando sociedades más justas, un agro autocentrado, con menos pobreza y con una reforma agraria que democratice y desconcentre la propiedad de la tierra, promueva la seguridad alimentaria, cuide nuestro patrimonio genético y nuestra soberanía nacional. Este es parte del cambio de rumbo que AL y el Perú requieren.